El régimen interino de Delcy Rodríguez aprobó esta semana en la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional, presentada como solución para superar la prolongada crisis de suministro que afecta a Venezuela. La mandataria destacó que el instrumento permitirá la participación privada en generación, transmisión y distribución, mientras que el ministro de Energía Eléctrica enfatizó que buscan fomentar competitividad, mejorar eficiencia y atraer inversiones para fortalecer la infraestructura.
Sin embargo, análisis especializados revelan que la nueva ley contiene limitaciones significativas que mantienen el control estatal sobre los sectores más relevantes. Según evaluaciones del think tank Cedice-Libertad, la normativa establece una reserva exclusiva estatal para generación hidroeléctrica en cuencas específicas, transmisión troncal y distribución en áreas estratégicas, bloqueando estructuralmente la competencia e perpetuando un monopolio estatal reforzado con privilegios hacia empresas cooperativas del poder popular.
La ley introduce además incertidumbre sobre la protección patrimonial al exigir que empresas operadoras transfieran sin gravámenes todos los bienes incorporados a la Corporación Eléctrica Nacional, sin especificar mecanismos claros de compensación por valores no amortizados. Este requisito genera preocupaciones sobre la seguridad de futuras inversiones privadas y el retorno económico esperado por quienes participen en el sector.
A pesar del discurso oficial sobre transformación sectorial, especialistas concluyen que las disposiciones sobre reserva estatal de actividades completas, la necesidad de concesión ministerial discrecional para proyectos mayores a 50 megavatios y la prioridad otorgada a la empresa operadora estatal en sistemas independientes sustituyen ampliamente la iniciativa privada por decisiones centralizadas, perpetuando el esquema que ha caracterizado a Venezuela durante más de una década.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
